La verdad, me viene que ni pintado, sin querer sentar cátedra (ya que no soy el más indicado), es una cuestión que padezco muy de cerca....
Unos padres y su hijo adolescente se encuentran en una tienda de exposición y venta de motocicletas, mirando entre los diferentes modelos para adquirir una. El empleado, que se encuentra cerca, puede escuchar esta frase dirigida por los primeros a su hijo: “ya sabes que, a partir de cuatro suspensos, elegíamos nosotros el color”. Esta anécdota, que parece ser cuenta el conocido juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, muestra un caso extremo, el de unos padres que –por las razones que sean, no se trata de juzgarlos- carecen ya de la mínima autoridad para educar a su hijo, el cual se encuentra en una edad de por sí difícil y está a punto de entrar en la sociedad adulta, presumiblemente con unos conceptos infantiles que debería haber abandonado hace tiempo: que los premios llegan sin esfuerzo y que tiene derecho a casi todo a cambio de casi nada.
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Autor: Fernando Gomá Lanzón en Educación" "A partir de cuatro suspensos, nosotros elegimos el color..."
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miércoles, 29 de agosto de 2012
martes, 21 de febrero de 2012
Cartas para Claudia (Jorge Bucay)
Cartas para Claudia recoge las vivencias y el trabajo terapeútico que durante tres años Jorge Bucay realizó con sus pacientes.
En principio el binomio "argentino-psicoterapeuta" nos puede llevar a pensar en los típicos estereotipos muy manidos, pero que en este caso, en determinados momentos, tienen todo su sentido.
Libro de autoayuda para leer reposadamente, con tranquilidad y con los cinco sentidos puestos en su comprensión, ya que tiene cartas muy farragosas y soporíferas y cartas con las que te vas a sentir muy identificado. Cartas que nos pueden llevar a enfocar nuestros problemas desde puntos de vista diferentes a los acostumbrados. Ponernos en la mente de las otras personas con las que a veces discutimos pensando en que "siempre" tenemos razón.
"En esta correspondencia imaginaria, Claudia, una amiga muy querida por el autor, es la destinataria de un correo revelador que despejará muchas de sus dudas sobre el autoconocimiento, el amor, la belleza de la vida y los secretos de la psicología"
A mí me encanta la carta 19 y la 20
("No toda la gente sabe pedir. Conozco a quienes jamás han pedido nada, o "peor" dicho jamás pedir nada. Ellos sienten que pedir es ponerse en manos del otro. No pueden aceptar que no son autosuficientes. Temen a sus propias debilidades y, sobretodo, cualquier rasgo que implique dependencia, los aterra.Muchos de ellos se ufanan de no pedirle nada a nadie. Pero buceando un poco en su historia personal, en sus conductas habituales, en sus relaciones más cercanas y encontrarás siempre lo mismo: exigencias veladas y detrás de ellas más exigencias.Lo mejor de mí que puedo darte es lo que quiero darte."
Cierro los ojos y vuelo...Aparezco donde vos estás. Te veo.Me acerco.Te recorro con mis ojos. Más cerca.Te acaricio. Siento tu piel.Tus manos frías (hoy están frías). Te huelo.Mis labios rozan tu frente, Y vos ni te das cuenta.o quizás sí...Quizás en este momento estás pensando en mí sin saber por qué
http://www.youtube.com/watch?v=SlctPPMDk2g
miércoles, 18 de enero de 2012
Al final, los funcionarios matamos a JFK, hundimos el Concordia y reventamos la burbuja inmobiliaria
FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las
víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver
ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado.
Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en
el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es
comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada
momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales yno funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de
conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega
a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e
incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar
tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza
al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha
provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre
funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse
políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como
premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o
indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios,
influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y
temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar
de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los
controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se
tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos
mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea
personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es
general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios
y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una
medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de
fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte
económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su
dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún
problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva.
Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración,
ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta
de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida
sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo
estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para
dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian
a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y
prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la
Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y
capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las
víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver
ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado.
Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en
el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es
comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada
momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales yno funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de
conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega
a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e
incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar
tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza
al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha
provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre
funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse
políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como
premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o
indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios,
influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y
temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar
de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los
controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se
tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos
mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea
personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es
general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios
y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una
medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de
fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte
económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su
dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún
problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva.
Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración,
ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta
de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida
sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo
estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para
dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian
a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y
prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la
Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y
capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
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